Diferencias entre prescripción y caducidad

Caducidad y prescripción: qué son, diferencias, plazos y ejemplos

Autor: Alejandro Vilar de Francisco – AVF Abogados

¿Sabías que el paso del tiempo puede hacer que pierdas un derecho, aunque lo tengas perfectamente reconocido por la ley?
No es una amenaza, es una realidad jurídica: deudas que ya no se pueden reclamar, contratos que no se pueden impugnar, acciones que han quedado extinguidas para siempre… simplemente porque se dejó pasar demasiado tiempo.

A veces la diferencia entre cobrar o no cobrar, anular o no anular, reclamar o quedarse sin acción no depende de “tener razón”, sino de llegar a tiempo.

Detrás de estas situaciones operan dos figuras fundamentales del derecho civil: la prescripción y la caducidad.

Por eso resulta esencial distinguirlos. La prescripción y la caducidad producen efectos muy diferentes: la prescripción admite mecanismos de “salvaguarda” (interrupción del plazo y reanudación del mismo, por reclamación fehaciente o ejercicio judicial), mientras que la caducidad opera con un rigor mayor, de modo que el simple transcurso del tiempo determina la decadencia de la acción.

En este artículo te lo explicamos de forma clara, con ejemplos concretos y con los artículos del Código Civil que los respaldan.

El tiempo como factor jurídico

El derecho no puede ignorar el tiempo. O mejor dicho el paso del tiempo: Si cualquier reclamación pudiera ejercitarse en cualquier momento, sin límite temporal alguno, la seguridad jurídica (uno de los pilares del Estado de Derecho), quedaría en entredicho.
Imagina que alguien pudiera reclamarte una deuda de hace treinta años, sin ningún tipo de restricción. La incertidumbre sería insoportable para los ciudadanos y para el propio sistema judicial.

Para evitarlo, el ordenamiento jurídico civil articula mecanismos que extinguen los derechos o las acciones cuando su titular no los ejercita dentro de un plazo razonable. Los dos grandes instrumentos para ello son precisamente la prescripción y la caducidad.

Aunque comparten ese efecto extintivo vinculado al transcurso del tiempo, son figuras distintas, con fundamentos diferentes y consecuencias jurídicas muy diferentes. Conviene no mezclarlas.

¿Qué es prescripción? ¿Cuándo prescribe la acción?

La prescripción es la extinción de un derecho o de la acción para ejercitarlo como consecuencia de no haberlo utilizado durante el plazo legalmente establecido. Está regulada en los artículos 1930 y siguientes del Código Civil.

Cuando hablamos de prescripción sin más, normalmente nos referimos a la prescripción extintiva: el transcurso del tiempo, unido a la inactividad del titular, provoca que la acción judicial deje de ser ejercitable para exigir un derecho.

Dicho de otro modo, no se elimina el hecho histórico (la deuda, el incumplimiento o el daño), pero sí limita la posibilidad de reclamarlo judicialmente cuando el titular ha permanecido inactivo durante el plazo legal.

No obstante, la prescripción tiene una doble cara:

• puede servir para adquirir derechos (prescripción adquisitiva o usucapión),
• pero también para extinguirlos (prescripción extintiva), que es la que aquí nos interesa.

El artículo 1930 CC dispone que «por la prescripción se adquieren, de la manera y con las condiciones determinadas en la ley, el dominio y demás derechos reales» y también «se extinguen los derechos y las acciones de cualquier clase que sean«.

El plazo general de prescripción: 5 años

La reforma del Código Civil operada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, redujo el plazo general de prescripción de las acciones personales de quince a cinco (5) años. Así lo establece el artículo 1964.2 CC:

«Las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación«.

Este es el plazo residual, el que se aplica cuando la ley no establece uno específico.

Plazos especiales de prescripción:

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que, además, existen numerosos plazos especiales (en el propio Código Civil y en legislación sectorial) que desplazan al régimen general en función de la acción concreta que se pretenda ejercitar.

• El plazo de un año se aplica a acciones como la de posesión (art. 1968.1 CC), la de injuria o calumnia (art. 1968.2 CC), o la de responsabilidad civil extracontractual derivada de culpa o negligencia (art. 1968.2 CC).

• Tres años tiene la acción para reclamar el pago de servicios profesionales —médicos, abogados, notarios— según el artículo 1967 CC.

• Cinco años corresponden a las pensiones alimenticias, el arrendamiento de fincas y otros pagos periódicos (art. 1966 CC).

• Y veinte años a las acciones reales sobre bienes inmuebles (art. 1963 CC), aunque con importantes matices.

Por eso, antes de acudir al tribunal, lo decisivo es identificar correctamente la acción aplicable y comprobar si la norma establece un plazo específico para ese supuesto y si estamos dentro de dicho plazo.

Dies a quo: ¿desde qué momento podemos reclamar?

Respecto a desde qué momento podemos reclamar (lo que se denomina «dies a quo»), hay que saber que el Código Civil establece una regla básica para el inicio del cómputo: el tiempo se cuenta desde el día en que la acción pudo ejercitarse (art. 1969 CC).

Ejemplo:

Si se pacta que un préstamo debe devolverse el 1 de marzo de 2021, la acción para reclamar el pago “puede ejercitarse” desde el 2 de marzo de 2021 (una vez vencida la obligación).

Si a esa reclamación le resulta aplicable el plazo general de cinco años de las acciones personales (art. 1964.2 CC) y no ha existido ninguna interrupción, el plazo finalizaría el 2 de marzo de 2026 (cómputo “de fecha a fecha”). En la práctica, esto significa que, para evitar discusiones y riesgos, conviene no apurar el vencimiento y actuar con margen.

Y si hablamos de una obligación sometida a condición o a un plazo de vencimiento pactado, el cómputo no se inicia mientras no llegue ese momento, porque antes no es exigible y, por tanto, la acción aún no puede ejercitarse.

La clave de la prescripción: interrumpir el plazo de prescripción.

Este es el hecho diferencial que distingue a la prescripción de la caducidad: el plazo prescriptivo puede interrumpirse, lo que significa que el contador vuelve a cero y empieza a correr de nuevo desde el principio.

El artículo 1973 CC establece que la prescripción se interrumpe de tres formas:

• ejercicio de la acción ante tribunales: presentar la demanda (de reclamación de cantidad, etc).
• reclamación extrajudicial del acreedor y,
• reconocimiento de la deuda por el deudor.

Ejemplo (reclamación extrajudicial con efecto práctico):

Ana le prestó 3.000 euros a su amigo Carlos en enero de 2022, sin fijar plazo de devolución. Carlos no le devuelve el dinero. En enero de 2027 estarían ya casi cumplidos los cinco años del art. 1964.2 CC. Sin embargo, si en diciembre de 2026 Ana le envía un burofax reclamando la devolución, el plazo prescriptivo queda interrumpido y comienza a contarse de nuevo desde esa fecha. Ana tendría hasta diciembre de 2031 para presentar una demanda si Carlos siguiera sin pagar.

La prescripción debe ser alegada

Otro rasgo definitorio: la prescripción no puede ser apreciada de oficio por el juez. Es una excepción que debe alegarse expresamente por quien se beneficia de ella.

Si este no la invoca en el momento procesal oportuno, el juez no puede aplicarla por su cuenta. Esto refleja que la prescripción opera más en interés del particular que en interés público.

¿Qué es la caducidad?

La caducidad es la extinción de un derecho por el transcurso del plazo previsto para su ejercicio, sin que dicho plazo pueda ser interrumpido ni suspendido.

Cuando caduca un derecho, «muere» definitivamente. A diferencia de la prescripción, que es un derecho que «se duerme».

La caducidad opera como un plazo perentorio “de cierre”: pasado ese tiempo, no es que sea difícil reclamar es que la acción se tiene por extinguida. Por eso la caducidad es más rígida.

El Código Civil no contiene una regulación general sistemática de la caducidad —a diferencia de la prescripción, pero la figura aparece diseminada a lo largo de su articulado en multitud de plazos concretos. Además, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha ido perfilando sus características a través de numerosas sentencias.

Algunos de los plazos de caducidad más relevantes en el ámbito civil:

Defectos en vehículo comprado: Rodrigo compra un vehículo de segunda mano a un particular. A los cuatro meses descubre que el motor tiene un defecto grave que el vendedor conocía y ocultó. Rodrigo dispone de la acción redhibitoria del artículo 1490 CC para resolver el contrato, pero esta acción caduca a los 6 meses desde la entrega. Si Rodrigo espera ocho meses para actuar, la acción habrá caducado, y no podrá ejercitarla bajo ningún concepto, aunque el engaño sea perfectamente demostrable. El plazo de caducidad es fatal e inamovible.

Anulabilidad de contrato por dolo:
Compras un negocio en traspaso y, después, descubres que te ocultaron de forma esencial una deuda o una sanción que hacía inviable la operación. Si lo que procede es una acción de anulabilidad por dolo, el plazo de cuatro años se conecta con la “consumación” del contrato.
Si dejas pasar el plazo y pretendes demandar en el quinto año, no va a valer el envío de “burofaxes salvadores” como en prescripción. Por eso, en acciones típicamente caducables, debe presentarse la acción dentro del plazo de los 4 años.

La caducidad puede apreciarse de oficio

Al contrario que la prescripción, la caducidad puede y debe ser apreciada de oficio por el tribunal, sin necesidad de que la parte contraria la alegue. Esto se debe a que los plazos de caducidad suelen estar establecidos en interés general, afectando al orden público o a la certeza de las relaciones jurídicas. El juez que advierte que una acción ha sido ejercitada fuera de plazo puede declararla inadmisible sin esperar a que nadie se lo pida.

Diferencias entre prescripción y caducidad

Aunque a lo largo del artículo ya han ido emergiendo, conviene ordenar las diferencias esenciales entre ambas figuras para que queden perfectamente claras.

1.- La primera gran diferencia es su efecto sobre el plazo: la prescripción puede interrumpirse, lo que reinicia el cómputo; mientras que la caducidad no admite ni interrupción ni suspensión, de modo que el plazo corre sin posibilidad de detención.

2.- La segunda diferencia se refiere a quién puede apreciarla: la prescripción es una excepción que solo puede invocar la parte interesada, y el juez no puede aplicarla de oficio; la caducidad puede ser declarada de oficio por el tribunal.

3.- La tercera diferencia atañe a la disponibilidad por las partes: la prescripción puede ser renunciada una vez consumada (art. 1935 CC: «Las personas con capacidad para enajenar pueden renunciar la prescripción ganada»), mientras que la caducidad, al responder a razones de orden público o interés general, generalmente no admite renuncia.

4.- La cuarta diferencia afecta a su naturaleza jurídica: la prescripción extingue la acción para reclamar el derecho, pero técnicamente el derecho subjetivo podría subsistir de forma debilitada (es la base del llamado «deber moral de pago»); la caducidad extingue directamente el propio derecho.

¿Cómo saber si un plazo es de prescripción o de caducidad?

Esta es, sin duda, la cuestión queá genera más confusión. Y ello porque el Código Civil no siempre lo dice expresamente. En muchos preceptos, el legislador se limita a fijar un plazo sin etiquetar si es de prescripción o de caducidad.

Sin embargo, existen criterios orientadores que permiten hacer una primera lectura bastante fiable.

El primero y más sencillo es preguntarse si la propia ley prevé la posibilidad de interrumpir el plazo. Si la respuesta es sí, o si el precepto remite expresamente a las reglas de la prescripción, estamos claramente ante esta figura. Los plazos de caducidad, por definición, no pueden interrumpirse, y la ley nunca los configura de ese modo.

El segundo criterio atiende a la brevedad y urgencia del plazo. Cuando el legislador fija un plazo muy corto (piénsese en los nueve días del retracto legal o en los seis meses de la acción redhibitoria por vicios ocultos), suele hacerlo porque necesita estabilizar una situación jurídica con rapidez. Esa urgencia es característica de la caducidad: el ordenamiento no quiere que esa situación quede indefinidamente en el aire.

El tercer criterio es quizás el más conceptual, pero también el más revelador: hay que preguntarse a quién protege el plazo. Si está pensado para proteger a un particular concreto frente a reclamaciones tardías (como ocurre con la acción personal de cobro de una deuda), apunta a la prescripción, pues el particular puede renunciar a esa protección si quiere.
Si, en cambio, está pensado para garantizar la certeza de una situación jurídica que afecta a todos (como la validez de un matrimonio o la firmeza de una partición hereditaria), apunta a la caducidad, que opera con independencia de la voluntad de los interesados.

Dicho todo esto, conviene ser claro: estos criterios son orientativos, no infalibles.
Ante un plazo concreto, la guía más segura siempre será consultar cómo lo ha interpretado el Tribunal Supremo, porque es él quien en última instancia fija la naturaleza jurídica de cada uno.
Y en caso de duda, lo más prudente es actuar como si el plazo fuera de caducidad: es decir, sin dar por hecho que habrá posibilidad de interrumpirlo.

Errores frecuentes

Error 1: pensar que “con enviar un WhatsApp” siempre se interrumpe.
En prescripción, la reclamación extrajudicial puede interrumpir, sí, pero tiene que ser seria, idónea y acreditable (y en juicio se discute). Lo prudente es hacerlo por medios con prueba robusta (burofax con certificación de contenido, por ejemplo).

Error 2: confundir “no reclamar” con “perdonar”.
En prescripción, la inactividad juega en contra, pero hay acciones imprescriptibles o con reglas especiales. Y en caducidad, directamente puedes quedarte sin acción aunque tengas razón en el fondo.

Error 3: calcular el inicio del plazo como si siempre fuera “la firma del contrato”.
A veces el inicio es exigibilidad (art. 1969 CC); otras, la ley fija eventos distintos (como la consumación, el cese de violencia, etc., en el art. 1301 CC).

Nuestro consejo: no esperes, ¡actúa!

La experiencia en el ejercicio de la abogacía civil enseña que la mayoría de las personas que pierden su acción no lo hacen por falta de razón jurídica. La tienen, y sólida. Lo hacen por espera. Por la confianza en que el otro acabará pagando. Por no querer «llegar a los tribunales». Por pensar que aún hay tiempo. Pero un día, ese tiempo se acaba.

Lo más frustrante es que en muchos casos habría bastado con una simple actuación: una reclamación por escrito, un burofax, una carta con acuse de recibo. Un gesto mínimo que interrumpe el plazo prescriptivo y lo reinicia desde cero. Pero si ese momento pasa sin que se haya actuado, ¡no se puede recuperar lo perdido!.

Si usted está en esa situación: una deuda sin cobrar, un contrato incumplido, un derecho sin ejercitar, etc, compruebe si el plazo ya ha vencido. Y si aún está a tiempo, cada día que pasa sin actuar es un día menos para proteger lo que le corresponde.

En AVF Abogados analizamos su caso desde el primer momento, le indicamos con precisión el plazo que le aplica y le asesoramos sobre la forma más eficaz de actuar. Sin compromisos previos, sin tecnicismos innecesarios.

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La prescripción y la caducidad no se trabajan bien con intuición, porque el caso real siempre tiene aristas: ¿cuándo fue exigible la obligación?, ¿hubo pagos parciales?, ¿hubo reconocimientos?, ¿qué reclamaciones se hicieron y cómo?, ¿hay un plazo especial?, ¿qué acción es la correcta?

Además, muchas estrategias legales se deciden aquí: a veces el asunto no se gana “por tener razón”, sino por haber actuado a tiempo y con buena prueba del cómputo y de las interrupciones. Y si estás cerca del final del plazo, cada paso (reclamación fehaciente, demanda bien planteada, medidas cautelares si procede) cuenta.

📌 Para cualquier duda sobre plazos aplicables a su situación concreta, puede consultar también nuestros artículos sobre Reclamación de deuda, Deudas con comunidad de propietarios o Embargo de bienes por deudas.

Aviso legal

Este contenido es meramente informativo y no sustituye el asesoramiento jurídico personalizado. Cada asunto debe analizarse individualmente en función de sus circunstancias concretas.

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