Procedimiento especial de familia y Coronavirus (Actualizado)

El Real Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril, con entrada en vigor el día 30 de abril, ha creado un nuevo procedimiento especial y sumario en el ámbito del Derecho de Familia, para tratar de regular las situaciones conflictivas surgidas por la crisis del Coronavirus y que será de aplicación mientras dure la declaración de estado de alarma y los tres meses posteriores a su finalización.

Razones para la creación de un procedimiento especial y sumario

Cabe preguntarse por qué se ha creado este procedimiento especial. Especialmente por la deficiencia técnica con la que se ha regulado y que, seguramente, dará lugar problemas de interpretación y aplicación, ya que son varios los puntos que no regula expresamente y quedarán a la libre interpretación o que han quedado «a medias». Todo ello, va en contra de la necesaria seguridad jurídica.

A este respecto, se han establecido Criterios de Unificación sobre este procedimiento por parte de Juntas de Jueces de cada Ciudad. En concreto, la Junta de Madrid, se reunió el día 20 de Mayo. Destacando la decisión sobre el reequilibrio del régimen de visitas no disfrutado o los intercambios para la Custodia Compartida no realizada:

Se establece el criterio general según el cual «no procede la compensación de visitas no disfrutadas o estancias no
realizadas». No obstante, estos acuerdos no son vinculantes y deberá atenderse al caso concreto y a las circunstancias que se dieron para no realizarse normalmente las medidas. Si bien, no parece que se vaya a acordar una estricta compensación de días perdidos, si al menos una cierta «recuperación».

Aquí podrá ver copia del Acta de dicha Junta, celebrada el día 20 de Mayo de 2020.

En cualquier caso, el fundamento de este procedimiento especial lo encontramos en tratar de paliar algunas de las consecuencias generadas por la pandemia por Coronavirus.
El Covid-19 ha afectado, a algunas familias, en relación al normal cumplimiento de los turnos establecidos en un sistema de custodia compartida, o de los regímenes de visitas y, finalmente, a la economía de muchos progenitores obligados al pago de una pensión de alimentos.

A lo que hay que añadir que el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que acordaba el estado de alarma, estableció la paralización del normal funcionamiento de la administración de Justicia, acordando la suspensión de plazos y términos para los procedimientos que estuvieran ya comenzados y, sin que fuera posible la presentación de nuevas demandas, incluidas las demandas de ejecución.

En esta situación, existía una evidente indefensión para aquellas personas que no pudieran llevar a cabo lo establecido en una sentencia dictada anteriormente, o se encontraran en una situación de vulnerabilidad.

Para tratar de evitar esta situación y una avalancha de presentación de demandas cuando acabe el estado de alarma que colapsara (aún más) los Juzgados y Tribunales, se reguló este nuevo procedimiento especial, sumario y con un carácter limitado a 3 tipos de situaciones y ejercitable durante un periodo de tiempo limitado.

Cuestión distinta es que logre los efectos para los que ha sido creado.

Ámbito de aplicación del procedimiento especial y sumario

Este procedimiento especial, regulado en los artículos 3 a 5 del referido Real Decreto Ley, será de aplicación, exclusivamente, para los siguientes supuestos:

  • Restablecimiento del sistema normal en casos en los que estuviera acordada la Custodia compartida de los hijos: es decir, en aquellas situaciones en las que por los motivos que sean, no se haya efectuado el cambio de turnos de estancia de los hijos con uno de los progenitores. Podrá solicitarse que se reconozca un derecho de compensación de los tiempos no disfrutados vigente el estado de alarma.
  • Igualmente, recuperar equilibrio en el régimen de visitas cuando, no se haya podido llevar a cabo el normal desarrollo de las visitas como consecuencia de la prohibición de salir del domicilio, medidas sanitarias o por temor a los riesgos de contagio.
  • Modificar las medidas definitivas (es decir, que ya han sido establecidas en un procedimiento anterior y firme) sobre cargas del matrimonio, pensiones económicas entre cónyuges (alimentos y compensatoria), así como la pensión de alimentos establecida a favor de los hijos, adoptadas en aplicación de lo dispuesto en el artículo 774 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Debiendo pronunciarse el Juzgado sobre si procede la modificación en los casos en que la variación de las circunstancias económicas de las partes se deban a la crisis sanitaria producida por el Coronavirus.
  • Establecimiento o revisión de la obligación de alimentos entre parientes, cuando han variado sustancialmente las circunstancias económicas del pariente obligado a dicha prestación alimenticia como consecuencia de la crisis sanitaria producida por el Coronavirus.

Determinación del Juzgado competente

El Juzgado que deberá resolver sobre si procede acordar o no la solicitud relativa a las cuestiones planteadas (que hemos descrito en el apartado anterior), será el que hubiera establecido anteriormente ese régimen de visitas o el sistema de custodia compartida cuyo reequilibrio se solicita, o el que hubiera fijado las medidas medidas económicas cuya modificación se pretende.

Cuando se solicite el establecimiento de una pensión alimenticia entre otros familiares (distintos a los hijos menores o mayores de edad pero dependientes económicamente y que ya tuvieran acordada a su favor una pensión de alimentos), la competencia será el del domicilio o la residencia del demandado

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¿Como se tramita este procedimiento especial y sumario?

Deberá presentarse para su iniciación una demanda, firmada por abogado y procurador.

En la demanda deben indicarse los datos necesarios de identificación del demandante y del demandado, con su domicilio o residencia y otros datos (número de teléfono, correo electrónico, dirección de su trabajo, etc) para que se le pueda notificar la demanda.

Se expondrán los hechos y los fundamentos de derecho y se fijará con claridad y precisión la solicitud efectuada.

Lógicamente y muy importante es que se debe aportar también toda la prueba documental que se tenga para acreditar la variación en la situación económica o la carencia de medios suficientes de subsistencia en el caso de solicitar una pensión de alimentos. A tal fin, se exige en el artículo 5 del RDLey 16/2020 que se acompañen:

  • el certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios de desempleo, en caso de situación legal de desempleo.
  • el certificado expedido por la AEAT o el órgano competente la comunidad autónoma que acredite el cese de actividad o disminución de ingresos, en el caso de trabajadores por cuenta propia.

Si la demanda cumple todos los requisitos, se citará a las partes y al Ministerio Fiscal (cuando su presencia sea obligatoria), a una vista.

Las partes podrán llegar a un acuerdo y presentarlo para su homologación judicial, siempre que no sea contrario al interés del menor. A los que, según indica esta regulación, podrá dárseles «audiencia de manera reservada si el tribunal lo considerara necesario y, en todo caso, a los mayores de doce años«.

Iniciada la vista, el demandante se ratificará en la demanda o la ampliará sin que suponga una ampliación sustancial que sería inadmitida por vulnerar el derecho a la defensa del demandado, puesto que no ha podido preparar otros puntos diferentes a los indicados en la demadna inicial y por tanto, no podría defenderse adecuadamente de esas nuevas peticiones introducidas por sorpresa (en cualquier caso esta es la manera habitual).

Después será el turno de la parte demandada, para que conteste a la demanda o presente reconvención (solicitud de otras medidas no solicitadas por el demandante y que, en teoría, sólo podrá ser alguna de las cuestiones previstas por el RDLey 16/2020, ya que otra cosa sería incongruente e injusta al no estar sujetos a las mismas condicionantes o materias.
Podrá pedir el recibimiento del pleito a prueba y aportar la que considere necesaria.

Las partes podrán solicitar, con 5 días de antelación como mínimo a la fecha de la vista, aquellas pruebas que, habiendo de practicarse en la misma, requieran de citación o requerimiento, o que se soliciten aquellos documentos, que posean instituciones públicas o privadas, y que no estén a su disposición.

Practicada la prueba, el juez podrá conceder el turno de palabra a las partes para formular oralmente conclusiones. Para posteriormente, emitir una Sentencia o Auto de manera oral, con una fundamentación jurídica sobre la razón de dicho Fallo.
En cualquier caso, deberá posteriormente, redactarse por escrito.
Las partes y el Mº Fiscal, podrán manifestar su intención de no recurrir la resolución, por lo que se declarará la firmeza de la misma.

Si no se dictara oralmente, deberá notificarse por escrito en el plazo de 3 días hábiles posteriores a la vista.

La resolución será recurrible en apelación, comenzando a contar el plazo desde su notificación y no desde que se levante el estado de alarma.

Consideración final sobre este procedimiento especial y sumario de familia.

La regulación de este procedimiento especial, deja algunas cuestiones sin regular o se ha hecho de manera defectuosa y que deja algunas dudas sobre cómo se llevará a cabo.

Y es que no parece muy razonable la necesidad de crear un procedimiento o un «refrito» de procedimientos en uno y con una exigUa regulación de sólo 3 artículos.

Principalmente, las cuestiones que considero más aleatorias y preocupantes son, por un lado la manera en que se llevará a cabo la exploración de los menores, ya que para garantizar una adecuada y libre expresión de sus deseos y punto de vista, debería hacerse en presencia judicial en la propia sede judicial.

Y por otro lado, de qué manera se llevará cabo el incumplimiento de lo establecido a resultas de este juicio. Ya que una Ejecución de sentencia podría quedar paralizada dada la suspensión de los plazos y términos.

El tiempo irá solventando las dudas. Aunque también es de prever que las soluciones judiciales no serán homogéneas y cada Juzgador resolverá según su leal saber y entender.

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