Incapacitación Judicial

El 7 de Julio de 2020, el Consejo de Ministros ha aprobado remitir a las Cortes un Proyecto de Ley de reforma de la legislación civil y procesal en materia de discapacidad. Se tratará de regular las medidas de apoyo que precisen para que puedan desarrollar plenamente su personalidad y desenvolverse jurídicamente en condiciones de igualdad. De manera que puedan ejercer su capacidad jurídica de una forma mucho más autónoma y con menos sumisión o ayuda de un tutor.

Hay personas que tienen una discapacidad intelectual o una enfermedad mental grave. También, personas que sufren problemas cognitivos como la demencia senil o el alzheimer.

En todos estos casos, se carece de capacidad de obrar, porque no pueden entender, lo que la realización de determinados actos cotidianos implican. Por ejemplo, las obligaciones que la suscripción de un contrato de compraventa supone, pago de cantidades o entrega de bienes, el valor que realmente tiene ese bien,

Es posible en algunos casos que esa limitación no sea absoluta, sino que sólo se manifieste para determinadas situaciones.

Pero dado que el principio general del que se parte es el de presumir que cualquier persona tiene capacidad jurídica para obligarse, los actos que estar personas puedan llevar a cabo aunque sean contrarias a sus intereses o ser víctima de posibles abusos, se tendrán por válidos y libremente adoptados.

Parece claro, entonces, que hay que proteger a estas personas. Y por ello se ha previsto que un Juez determine su Incapacitación, de manera .

¿Qué es la incapacitación?

Se trata de un procedimiento cuya finalidad principal es la de proteger y complementar esa falta de capacidad de obrar de aquellos que no pueden regir por un lado su persona y por otro lado sus bienes.

También podrán ser incapacitados los menores de edad cuando concurra en causa de incapacitación y se prevea razonablemente que la misma seguirá dándose cuando alcance la mayoría de edad.

¿Por qué hay que incapacitar a una persona?

El motivo es principalmente el de proteger a la propia persona y a su patrimonio frente a terceros.

Pero también para la obtención de ayudas para los familiares o personas que se encarguen de su cuidado (acceso a prestaciones de dependencia, etc), o en la obtención de desgravaciones fiscales.

Pero para privar, total o parcialmente de capacidad a una persona, debe darse una limitación de capacidades acreditada por los medios probatorios suficientes y necesarios en el procedimiento judicial previsto.

Incapacitación

¿Quién declara la incapacitación?

Como garantía básica, sólo podrá acordarse la incapacitación por Sentencia judicial que fijará, además, la extensión y límites de ésta y determinará el régimen de tutela o guarda. Igualmente, podrá pronunciarse sobre la necesidad de internamiento.

Será competente el Juzgado de la localidad en que se encuentre el presunto incapaz.

Puede darse el caso de que se declare la incapacitación, por ejemplo, en Madrid por ser el lugar donde reside la persona cuando se inicia el procedimiento y con el paso del tiempo, se traslada a otra localidad (ingreso en una Residencia, traslado del tutor de los menores, etc).

En ese caso, el Juzgado deberá acordar su Incompetencia territorial para seguir conociendo cualquier asunto que se planteé en relación a la persona incapacitada (resúmenes anuales, autorizaciones, etc), y se procederá a la designación de nuevo juzgado en la localidad actual.

¿Quién puede promover la incapacitación?

  • El presunto incapaz: él mismo pueda recabar el auxilio del Ministerio Fiscal para la iniciación del procedimiento de incapacitación.
  • El cónyuge, o quien se encuentre en situación de hecho asimilable (parejas de hecho)
  • Los descendientes: hijos, nietos.
  • Los ascendientes: padres o abuelos
  • Los hermanos del presunto incapaz.
  • Si las personas mencionadas, no existieran, no pudieran o no quisieran promover la incapacitación, deberá ser el Ministerio Fiscal quien lo haga.
  • Cualquier persona, está facultada para poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos que puedan ser determinantes de la incapacitación. Si se trata de funcionarios o autoridades están obligados a ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal.
  • La incapacitación de menores de edad, en los casos en que proceda conforme a la ley, sólo podrá ser promovida por quienes ejerzan la patria potestad o tutela sobre los mismos.

Tipos de Incapacidad.

En función del grado de discapacidad que tenga la persona, la sentencia debe establecer si se trata de:

Incapacidad Total: Se producirá en aquellos casos en que es completamente incapaz de gobernar su persona y administrar sus bienes.

Incapacidad Parcial: Puede realizar ciertos actos por sí sólo, y para otros necesitará ser asistido por otra persona. En la sentencia se especificarán los actos que el incapaz puede o no realizar por si mismo, procediendo a designar al curador, que es la persona encargada sólo de la asistencia del incapaz en los actos que él no pueda realizar por sí sólo, que son en general todos aquellos actos de administración de los bienes y patrimonio del incapaz.

Cuando en la sentencia no hubiesen especificado los actos en que deba ser necesaria la intervención del curador, estarán sujetos a curatela los actos principales de gestión patrimonial, como la enajenación y gravamen de bienes inmuebles, la cesión de bienes en arrendamiento por más de seis años, o la disposición de bienes o derechos a título gratuito, entre otros actos.

Procedimiento de Incapacitación

Debe presentarse una demanda firmada por Letrado y Procurador.

En dicha demanda, se expondrán los motivos por los que se solicita que se declare la incapacitación, acompañando como prueba documental certificados médicos que identifiquen la enfermedad que padece el presunto incapaz.

Del mismo modo, se solicitará que se nombre al tutor, proponiendo a aquel que quiera aceptar el cargo.

Se le dará traslado de la demanda a la persona demanda, es decir, a la persona que se pretende incapacitar. El motivo es que hay ocasiones (raras veces, pero las hay), en que está en condiciones de seguir rigiéndose por si mismo y administrando sus bienes. De esta forma, como en cualquier pleito judicial, podrá hacer valer sus intereses y tratar de acreditar que no se cumplen los requisitos ni la necesidad de declararle incapacitado.

Se citará a las partes a una vista y se habrá acordado la realización de la prueba pericial, por la que se emitirá un Informe en el que se recomiende o no la incapacitación.

En la vista, además, el Juez examinará al presunto incapaz realizando preguntas que tratan de comprobar su situación y capacidad.

Asimismo, se interrogará al promotor del procedimiento y al propuesto como tutor.

Y también, a los familiares más cercanos, que serán propuestos en la demanda y el Juez les preguntará sobre la situación en que se encuentra el presunto incapaz, así como su opinión acerca de la conveniencia de nombrar como tutor al que se haya propuesto o si existen otras alternativas.

Finalmente, en base a toda la prueba practicada, el Juzgador decidirá sobre la necesidad de declarar la incapacitación, extensión de la misma, nombramiento de tutor (en la incapacitación plena) o de curador (como complemento de capacidad en las parciales). Y finalmente, sobre el internamiento involuntario si se hubiera solicitado.

Una vez que sea firme la sentencia, se abrirá un nuevo procedimiento de Tutoría y se citará al nombrado Tutor o Curador para que acepte el cargo y hacerle las advertencias y prevenciones necesarias que conlleva la asunción del cargo.

Documentación necesaria para la Incapacitación.

Para la demanda de incapacitación se necesita la siguiente documentación:

  1. Fotocopia del DNI del presunto incapaz. También del que se presente para tutor.
  2. Certificado médico en el que aparezca el tipo de enfermedad que padece y que aconseja la incapacitación.
  3. Certificado de Empadronamiento, para acreditar la competencia territorial
  4. Contrato del Centro en el que esté ya ingresado, si procede (Residencia Geriátrica, etc)
  5. Certificado de nacimiento
  6. Certificado de matrimonio o de defunción del cónyuge premuerto.
  7. Certificado de antecedentes penales: de la persona que se postula como tutor.
  8. Nombre y DNI de familiares más directos y cercanos. Con dos o tres suele ser suficiente.
  9. Último Informe de evolución del Centro. Puede ser el mismo que el nº 1.
  10. Auto de autorización de internamiento no voluntario, si se ha producido con anterioridad.
  11. Finalmente, respecto al procurador, hay que apoderarle. Para ello, hay dos formas, ir a un notario y encargar un poder general para pleitos (aprox 60 – 70€ más de gasto). O bien realizarlo en el juzgado, denominado apoderamiento Apud Acta, gratuito.
  12. Para el inventario inicial, serán necesarios otros documentos que acrediten la titularidad de bienes que tenga, certificado de ingresos, costes de residencia, copia de la libreta actualizada, etc. Pero esto es para un momento posterior, tras la aceptación del tutor y por tanto, no sería necesario ahora. Si está interesado, puede ver nuestro artículo Tutela.
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